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Área Mujer

La Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES) es una organización íntimamente vinculada a COAG que se creó con el fin de luchar por el emprendimiento femenino como factor esencial de dinamismo en el medio rural, ensalzando el papel de la mujer en el tejido productivo de las zonas rurales. El empoderamiento de la mujer rural se erige como una herramienta clave para seguir trabajando, con el objetivo de alcanzar cuotas reales de igualdad en los sectores productivos más importantes del mundo rural, como son la agricultura y la ganadería.

La Organización lucha por dar la importancia que realmente tiene para España y Andalucía la mujer en el medio rural, incidiendo en el empoderamiento femenino en los sectores agrario y ganadero. CERES lucha también por conseguir una igualdad total en el medio rural, así como de trabajar contra la violencia de género.

La Asociación lleva trabajando en la provincia de Jaén desde los inicios del siglo XXI por los derechos de la mujer en el medio rural, apoyando su emprendimiento y empoderamiento.

 

ÁREAS

COAG y CERES animan a las agricultoras a secundar el paro internacional de 'empleo, cuidados y consumo' de mañana

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, ambas organizaciones se suman a la “huelga” mundial de media hora que comienza a las 12:00

Presupuesto, recursos y educación para atajar la violencia machista en el medio rural, entre las principales reivindicaciones

Madrid, 7 de marzo de 2017. El Área de la Mujer de COAG y la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES) animan a todas las agricultoras y ganaderas de nuestro país a secundar el paro internacional de “empleo, cuidados y consumo” convocado el próximo 8 de marzo entre las 12:00 y las 12.30 horas.

El Área de la Mujer de COAG y CERES se suman a esta convocatoria impulsada a nivel mundial por el movimiento argentino “Ni Una Menos” con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entre otras cuestiones, se reclama que se erradique la división sexual del trabajo, que condena a las mujeres a empleos precarios, peor pagados, no remunerados, ilegales e invisibles y que las obliga a ser cuidadoras como algo esencial de su sexo. Asimismo, con este paro se quiere reivindicar un cambio de modelo político donde “nuestros derechos no sean cuestionados”, ha subrayado Inmaculada Idáñez, responsable del Área del Mujer de COAG y Presidenta de CERES, a lo que ha añadido, “frente a un Estado que nos ignora, denunciamos la violencia institucional que venimos sufriendo. No existen leyes efectivas que logren erradicar la violencia estructural y que supriman la jerarquía que coloca a los hombres sobre las mujeres”.

En ese sentido, COAG y CERES quieren poner el acento en la precaria situación que padecen las mujeres víctimas de violencia machista en el medio rural. “Los servicios de atención a las víctimas se centralizan en cabezas de comarca y los viajes a esos centros de atención no están accesibles para todas las mujeres. No existe formación a cerca de la denuncia que puede ejecutar como auxilio, cualquier ciudadano y aún se entiende el maltrato como “problemas privados de familia”, describe Idañez. Además, COAG y CERES sostienen que el personal que atiende en los puntos donde se podría detectar la violencia, como centros de salud, enfermerías o juzgados de paz, no tienen coordinación entre sí. Esto provoca que en muchos casos, las mujeres tengan que repetir el protocolo en cada uno de los puntos a los que acuden para denunciar su situación y revivir la historia del maltrato repetidas veces, “algo muy duro desde el punto de vista emocional”, lamenta la Presidenta de CERES.

Pero por encima de todo, COAG y CERES considera fundamental la prevención y para que sea efectiva, son fundamentales presupuestos, educación y la consideración de otras formas de violencia que ahora sólo se reconocen como “discriminación”. En relación a ello, desde ambas organizaciones se está trabajando junto con la plataforma 7N en un documento de propuestas todos los tipos de violencia machista. A corto plazo, es necesario que la mesa de trabajo constituida en el Congreso de los Diputados para avanzar en un Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoja una modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género en la que se tengan en cuenta las duras condiciones de las víctimas que viven y trabajan en el medio rural.

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